Alberto Pérez compró una propiedad, no tuvo la precaución de asesorarse con un profesional para verificar los antecedentes de los vendedores y demás pormenores del bien. Pasado un año recibió la visita de la fiscalía de extinción de dominio y la propiedad fue entregada provisionalmente a la sociedad de activos especiales. A Alberto, siendo propietario, le correspondió pagar arriendo y altos honorarios a un abogado, luego de tres años la situación sigue igual. ¿Qué riesgos enfrenta la persona que realiza un negocio?
¿Qué puede hacer un ciudadano para evitar este tipo de situaciones?
El abogado penalista, experto en Corporate Compliance de la Universidad Internacional de La Rioja y miembro de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, Enrique Del Río González, explica lo siguiente:
La mayoría de las personas en algún momento han enfrentado riesgos jurídicos, producto de una mala decisión o debido a la actividad normal del ritmo de los negocios. Con una asesoría profesional y experta, si bien no se garantiza la eliminación de ese riesgo, por ser este inalienable al ser; sí se puede prevenir el litigio derivado de esas circunstancias. Y, en aquellos casos en los que sea inevitable acudir a la justicia, estos enfoques de cumplimiento corporativo garantizan una defensa con ventajas probatorias, jurídicas y argumentativas.
¿Qué es un oficial de cumplimiento?
Un oficial de cumplimiento corporativo es una persona experta que interviene en la empresa con el fin de implementar protocolos obligatorios que garanticen la correcta ejecución de las funciones correspondientes al objeto social, con fundamento en el cumplimiento normativo legal. Teniendo en cuenta las actividades internas y aquellas que se realicen con personal externo, como proveedores, clientes o contratistas.
En otras palabras, este oficial de cumplimiento, se encarga no solo de crear una política empresarial acorde con la legislación nacional e internacional, sino también de hacerla cumplir en todas sus formas, por los representantes legales, gerentes, administrativos y trabajadores en general.
Es decir, ¿la política de cumplimiento solo es importante para las empresas?
No precisamente. Cuando se habla de minimizar el riesgo y prevenir el litigio, también se hace referencia a las personas naturales, quienes por su ocupación o por movimientos que obedecen al ritmo normal de los negocios, pueden necesitar de un experto que intervenga, analice y finalmente conceptúe si la actividad comercial o civil que pretenden ejecutar es consecuente con la ley y la jurisprudencia.
¿Qué significa minimizar el riesgo y prevenir el litigio?
En todas las actividades diarias existe un riesgo y, por ende, una probabilidad de estar inmerso en un litigio civil, laboral comercial e incluso penal. Por ejemplo, la compra de una vivienda, la creación de una empresa, el préstamo de un dinero, la compraventa de mercancía y muchas actividades más, traen consigo un riesgo de incumplimiento contractual, indebida legalización de productos, procedencia ilícita de activos, extinción de dominio de bienes, entre otros.
Con una asesoría en cumplimiento se busca precisamente, emitir conceptos jurídicos necesarios para el desarrollo seguro de esas actividades, y dependiendo del perfil del asesor experto, se podrán hacer análisis desde la óptica penal de todo el negocio jurídico, y, además, la verificación de antecedentes de toda índole de las personas naturales y jurídicas con las que se interactúe en estos procedimientos contractuales.
¿Entonces contratar un asesor de cumplimiento garantiza no verse inmerso nunca en un proceso judicial?
No garantiza ser exonerados de una indagación penal, pero sí, de tener una defensa sólida que demuestre que se actuó de buena fe y que se cumplió con un protocolo de verificación del deber objetivo de cuidado antes de ejecutar un negocio.
¿Por qué es importante para las personas naturales y jurídicas incluir un experto en cumplimiento que prevenga estas situaciones?
Es importante porque sirve para proteger la sostenibilidad financiera y el prestigio empresarial o personal, en el sentido que, el hecho de enfrentar un proceso genera altos costos de honorarios ya sea como víctima o procesado, o como partes en un litigio civil. Además de ello, se evita el detrimento del Goodwill, así como la intranquilidad y angustia individual, según sea el caso.
Por otro lado, debemos reconocer que tenemos una justicia congestionada y que cuando somos víctimas de estafas, incumplimientos, extinciones de dominio u otra circunstancia jurídica, vemos como un desgaste acudir a la administración de justicia, por la indeterminación en el tiempo y la falta de seguridad jurídica que vemos a diario.
Por eso con la implementación de un oficial o asesor de cumplimiento, se evita inmiscuirse en negocios donde, desde el principio, se infiera un posible riesgo jurídico. Y, cuando este sea inminente, entonces se enfrenta con ventajas probatorias por haber sido cuidadosos y diligentes.
¿Cree que en algún momento la legislación convierta en obligatorio la implementación de un oficial de cumplimiento?
Colombia hoy en día tiene una política de lucha contra la corrupción, el terrorismo y el lavado de activos.
En ese entorno, se implementó un Sistema de Administración de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) el cual debe ser implementado por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, entre las que se encuentran empresas que su objeto social sea relacionado con la compraventa de divisas, explotación de minas, comercio de vehículos, y de acuerdo con la Circular Externa 304-000001 de 2014 expedida por la Superintendencia de Sociedades, las empresas que a diciembre 31 de 2013 hayan registrado ingresos iguales o superiores a 160.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes; entre otros sectores también llamados a esta implementación. Así que no sería extraño que poco a poco se siga ampliando la obligatoriedad de este sistema al interior de diversas actividades económicas
Además de buscar asesoría, en prevención del riesgo y el litigio, ¿qué otra recomendación hay para evitar consecuencias como la narrada?
Además de minimizar el riesgo y prevenir el litigio, se deben hacer campañas corporativas de información y generar conciencia de los peligros del incumplimiento, la importancia de actuar con apego a las normas legales, políticas internas, códigos éticos sectoriales y cualquier otra disposición de obligatorio cumplimiento; también es necesario, capacitar en temas relacionados con las ventajas de la prevención en general y las posibles consecuencias judiciales que esto pueda traer para los trabajadores o directivos que no cumplan los protocolos o la normatividad.
Lo que deben tener claros los empresarios, comerciantes y todos en general, es que hoy en día es más rentable contratar al abogado para la minimización del riesgo y prevención del litigio; que para la defensa jurídica.